martes, 15 de noviembre de 2011

Cámara Civ. y Com. de Junín. Honorarios extrajudiciales. Caracteres. Labores anteriores al pleito.

Expte. N°: CHA-20964-2009 YANNIBELLI JOAQUIN C/ GRAISARO MARIA JULIA S/ DETERMINACION JUDICIAL DE HONORARIOS N° Orden: 216 Libro de Sentencia Nº: 52 Folio: Sentencia - Folio: /NIN, a los 1 días del mes de Noviembre del año dos mil once, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín Doctores RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, PATRICIO GUSTAVO ROSAS Y JUAN JOSE GUARDIOLA, en causa Nº CHA-20964-2009 caratulada: "YANNIBELLI JOAQUIN C/ GRAISARO MARIA JULIA S/ DETERMINACION JUDICIAL DE HONORARIOS", a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Rosas, Guardiola y Castro Durán.- La Cámara planteó las siguientes cuestiones: 1a.- ¿ Se ajusta a derecho la concesión del recurso de apelación del Contador Schetina de fs 237 ? 2a.- ¿ Se ajusta a derecha la sentencia apelada? 3a.- ¿ Qué resolución corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Doctor Rosas, dijo: I. En la sentencia dictada a fs. 226/231vta. el a-quo decidió hacer lugar a la demanda incoada por el Dr. Joaquín Yannibelli, y determinar los honorarios por trabajos extrajudiciales realizados por el letrado en beneficio de la Sra. Maria Julia Graisaro, en la suma de Pesos ocho mil seiscientos ($8.600). Impuso las costas a la parte demandada. Luego reguló los honorarios por los trabajos realizados en autos por letrados y perito. El pronunciamiento concierne a la regulación de honorarios por las tareas extrajudiciales realizadas por el letrado actor consistente en un acuerdo de partición comunitaria de bienes de la sociedad conyugal titularizada por la demandada Sra. María Julia Graisaro y su ex cónyuge Pablo César Colaneri, que por causas extrañas al mismo, -en virtud de que demandada no prestó ratificación judicial en el juicio de divorcio-, se considera frustrado y por lo tanto pendiente la partición de la comunidad de bienes conyugales. Se recuerda que el mencionado convenio no fue homologado en el trámite del divorcio, en donde se dictó sentencia que desestimó el pedido, imponiéndose las costas y regulando los estipendios a los letrados intervinientes. Luego se interpreta que a través de estas actuaciones se trata de arribar a una regulación de los honorarios que le corresponden al Dr. Yannibelli, por las labores profesionales extrajudiciales realizadas con antelación a aquélla presentación, es decir el asesoramiento que realizó, en beneficio de su clienta en los preparativos del convenio, a posteriori presentado en aquéllos actuados de divorcio por mutuo acuerdo. Por ello teniendo en cuenta la importancia de las labores realizadas, su trascendencia, el valor que surge asignado a los bienes que componen la sociedad conyugal, descriptos en estos actuados, y en función del dictamen pericial del Contador Público Néstor Osvaldo Stechina, considera que su monto asciende la suma de $619.515,21, de los que deduce el 50% que corresponde a la demandada, aplicando sobre dicho monto, una alícuota del 14%. A fs.235 apeló el Dr. Yannibelli y a fs.240 hizo lo propio el Dr. Julio Arriarán en su condición de apoderado de la demandada, concediéndose ambos recursos libremente. También cabe deja constancia que a fs. 236 interpuso recurso de revocatoria el Cdor. Néstor Osvaldo Stechina, cuestionando sus honorarios por bajos y a fs.237 el a-quo rechazó la revocatoria, pero concedió una apelación que no fue interpuesta en subsidio. A fs.258/261 expresó agravios el Dr. Arriarán, cuestionando que se haya admitido, en su criterio equivocadamente, que el convenio de disolución de la sociedad conyugal cuya firma certificara un Escribano Público, haya sido redactado por el Dr. Yannibelli; sostiene en cambio que quien preparó ese convenio fue Pablo Colaneri, de profesión contador, y en todo caso el letrado lo pasó en limpio. Encuentra corroborada esta interpretación por la circunstancia de que el convenio no haya sido presentado en el expediente del divorcio conjuntamente con la demanda; que portara errores técnicos y manifiesta inequidad en el reparto y que no se advirtiera que estaba legalmente vedada la posibilidad de partir la sociedad antes de la sentencia de divorcio. Descalifica el testimonio prestado por Colaneri, diciendo que tiene intereses contradictorios con su mandante y continúa patrocinado por el actor. Insiste en que no está probado que el éste haya participado en la redacción del acuerdo y que por tal motivo tenga derecho a una regulación de honorarios por actuación extrajudicial, máxime que el convenio no alcanzó el fin perseguido por las partes y la ley, por lo que la intervención resulta inoficiosa. Subsidiariamente, como segundo agravio, impugna la base regulatoria para la que se tomó en cuenta el dictamen del Contador Stechina, que realizó una laborar plagada de errores, sin base científica, ni objetiva. En tercer lugar indica que los honorarios son altos y deben reducirse. A fs.263/275 expresó agravios el Dr. Yannibelli, quien apunta con su crítica a la base regulatoria tomada en cuenta por el a-quo, sosteniendo que se equivocó al considerar, únicamente, lo que resulta de la pericia contable de Schetina, que está limitada a la valuación de los negocios, sociedades y fondos de comercio, dejando inexplicablemente de lado el monto de $ 1.609.515,21 constituido por el inmueble valuado en U$S 250.000; 10% de bienes muebles que cabe presumir; camioneta Toyota de $100.000 y dinero en efectivo. Es más, dice que en el juicio de divorcio la ahora demandada, ante la presentación del convenio por su cónyuge expresó, que el patrimonio real no se encontraba correctamente reflejado en el convenio y supera ampliamente dicha suma, de donde el monto indicado por el recurrente, debe reputarse como una base mínima e indiscutible para una justa regulación. Insiste en que debe considerarse el 50% del patrimonio social, unos $850.000, que le fuera adjudicada a la demandada, criticando severamente una regulación que representa sólo alrededor del 1% de aquella cantidad. En referencia al porcentaje regulatorio, dice que el a-quo parte de la base de un error conceptual al entender que el trámite vinculado a la disolución de la sociedad es incidental, cuando está claro que la vía procesal correcta es la del juicio sumario. Al respecto sostiene que, a través de la declaración testimonial de Colaneri, está probado que redactó el convenio y que acordó con las partes que le abonarían un 20% de honorarios (es decir un 10% cada uno), agregando que dicho porcentaje se encuentra dentro de los parámetros establecidos en el art. 21 de la ley arancelaria, que debe aplicarse conjuntamente con la pauta de los arts.45 y 38. En otro orden critica que se haya omitido la aplicación de intereses, que corresponde fijar desde el vencimiento de la obligación, siendo indiferente que la deuda no fuera líquida, ya que basta que sea cierta para que procedan estos accesorios que deben correr, a tasa activa, desde la fecha de redacción del convenio el 1 de abril de 2008. Finalmente pide que se integre la sentencia con la aplicación de los aportes establecidos en la ley 6716. Corrido traslado de los agravios, a fs. 279/287 contestó el suyo el Dr. Yanibelli y a fs. 290/293 el Dr. Arriarán, pidiendo ambos la desestimación de los recíprocos recursos, quedando la cuestión en estado de resolver. II. En tal labor y en primer lugar corresponde declarar mal concedido el recurso de apelación de fs. 237, ya que a fs.236 el Cdor. Stechina, se limitó a deducir una revocatoria, es decir que no apeló ante esta alzada (Arts. 241, 242 del CPCC). VOTO POR LA NEGATIVA. Los Señores Jueces Dres. Guardiola y Castro Durán, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.- A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Rosas,dijo: III. Entrando a la cuestión de fondo, entiendo conveniente analizar los agravios deducidos por la accionada que sostiene la improcedencia de la demanda por negar que el actor haya realizado los trabajos extrajudiciales por los cuales pretende regulación. Puntualmente se ha negado que el actor haya confeccionado el convenio de partición agregado a fs.4/7, sosteniendo que el autor intelectual de dicha tarea fue el ex cónyuge de la demandada, el Cdor. Colaneri y que a lo sumo el Dr. Yannibelli lo pasó a máquina. En este punto me parece conveniente recordar que el Dr. Yannibelli inicialmente fue letrado patrocinante de ambos cónyuges y que ya decretado el divorcio, a raíz del pedido de homologación del convenio de partición de la sociedad conyugal, realizado por Colaneri y resistido por Graisaro, quedó como abogado exclusivo del primero. En su demanda, el Dr. Yannibelli relata que sus honorarios fueron consensuados en un 10% a cargo de cada parte sobre el monto total de los bienes a liquidar de $1.700.000 y que le fueron pagados los $170.000 a cargo de Colaneri, limitándose entonces a demandar a Graisaro. A su turno, cuando Colaneri declaró como testigo, concede absoluta razón al relato de Yannibelli, refiriendo que ese letrado –de quien manifiesta estar actualmente desvinculado- es quien preparó el divorcio, realizó los trabajos concernientes a la conformación y liquidación de la sociedad conyugal, y consiguiente preparación y redacción del convenio y que le abonó los honorarios a su cargo (ver fs. 156/158vta.). Sin embargo esa declaración no me resulta convincente, porque es evidente que este testigo está comprendido por las generales de la ley en relación a su ex cónyuge, con la que tiene pleito pendiente; no pareciendo además creíble que haya abonado una importante suma de dinero en concepto de honorarios, sin detalle de factura (cuya copia podría haber exhibido el letrado) o constancia de aportes a la Caja de Abogados, por lo que sería deudor del actor, de modo que entiendo cabe restarle todo valor probatorio (Arts.384, 456 del CPCC). Más allá de ello, para mi suficiente para rechazar la demanda, entiendo necesario expedirme sobre la calificación jurídica del reclamo actoral, para lo cual considero útil repasar algunos esclarecedores comentarios doctrinarios y jurisprudenciales acerca de la naturaleza de los trabajos extrajudiciales susceptibles de regulación, comenzando por los efectuados por Larroza-Taranto en referencia al art.55 de la ley 8904, al decir: “Pero, para regular honorarios extrajudiciales es importante distinguir entre lo que no pasa de ser un mero proyecto frustrado por una revocación de mandato o por un apartamiento voluntario o provocado en el patrocinio, y que al interrumpirse el vínculo entre el profesional y su cliente no encuentra satisfacción en ninguna regulación judicial justificando así un pedido autónomo de regulación como trabajo extrajudicial, y lo que constituye una presentación fallida seguida de una demanda análoga firmada por el mismo letrado, aún cuando se caracterice por distinto contenido u orientación, que dan la pauta de una continuidad en la labor profesional del abogado, continuidad que a la postre encuentra su premio en la regulación única practicada en sede judicial. Es que carecen de entidad como trabajos profesionales que generan un derecho a la regulación independiente todas aquellas labores de antesala del pleito. Todos estos empeños están comprendidos en la regulación judicial, y el abogado no tiene derecho a una regulación complementaria destinada a recompensar, por vía de fijación de honorarios extrajudiciales, lo que pudo obtener por presentación en sede judicial.” (“Honorarios de Abogados y Procuradores Ley 8904”, págs.424/425). En la misma línea de pensamiento, Hitters-Cairo señalan que “La Ley de Honorarios Profesionales de la provincia de Buenos Aires ha establecido en su art. 55 un procedimiento para obtener la determinación jurisdiccional de los honorarios correspondientes a encargos extraprocesales, pero éstos no son normativamente delimitados cuando coexisten con trabajos judiciales.” (“Honorarios de Abogados y Procuradores”, par.55.2.b). Los mencionados autores citan fallo de Cám. San Isidro, que transcribo: “Son funciones de la profesión de abogado la defensa de derechos, el patrocinio y la representación, tanto en juicio o proceso cuanto fuera del mismo, y evacuar consultas jurídicas (art.57, ley 5177). Toda actividad comprendida en ese concepto devenga honorarios para el profesional que la lleva a cabo, los que deben considerarse como remuneraciones al trabajo personal, regidas por el dec. ley 8904/77 (art.1°, ley citada). Este ordenamiento estableció en su art.55 un procedimiento para obtener la determinación jurisdiccional de los honorarios correspondientes a "trabajos extrajudiciales", pero éstos no son normativamente delimitados cuando coexisten con trabajos judiciales. (JUBA; B1750153; CC0002 SI 58032 RSD-262-92 S 13-11-1992). Es que “Los honorarios por trabajos judiciales de abogados no se devengan solamente por firmar escritos sino por la asistencia jurídica al patrocinio y auxilio a la justicia, delicada misión que no se desarrolla sin consultas, estudios y preparativos. Tales preparativos, las reuniones informativas, las a menudo fastidiosas esperas, los traslados urbanos, las comunicaciones a corta distancia, los costos fijos de mantenimiento de un estudio jurídico, la papelería, etc., quedan comprendidos -salvo pacto en contrario- en la regulación de honorarios por el trabajo judicial resultante. Dicha regulación, por ende, tiene por presupuesto el trabajo judicial y las tareas que le son naturalmente preparatorias, no siendo menester otra acreditación de aquel y de estas, porque fluyen "re ipsa". (JUBA; B1750154; CC0002 SI 58032 RSD-262-92 S 13-11-1992). Examinado el caso aquí planteado bajo esas pautas, se echa de ver que la demanda contenía un propósito en principio desechable, ya que no existe motivo que justifique la solicitud de honorarios por supuestos trabajos extrajudiciales que fueron preparatorios de las labores judiciales en las que, más allá de la suerte que hasta el presente haya corrido la partición de la sociedad conyugal, el letrado actor obtuvo regulación de honorarios (ver resoluciones de fs. 157/158; 196/200; 213/214vta.; 249/253 y 306 y vta. de los autos “GRAISARO Maria Julia y COLANERI Pablo César s/DIVORCIO VINCULAR", agregados por cuerda). Siendo así y no estando acreditada la realización de los trabajos extrajudiciales que concedan causa y justificación a la regulación pretendida –al margen que de estarlo, tampoco hubieran procedido por tratarse de simples trabajos preparatorios vinculados a un juicio que luego tramitó y por el cual se obtuvieron diversas regulaciones de honorarios- entiendo que corresponde revocar la sentencia en recurso y disponer el rechazo de la demanda (Arts.499 y ccs. del Código Civil; art.55 de la ley 8904; 375, 384 del CPCC). Costas de ambas instancias al actor (Arts.68 y 274 del CPCC). ASI LO VOTO Los Señores Jueces Dres. Guardiola y Castro Durán, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.- A LA TERCERA CUESTION, el Señor Juez Dr. Rosas, dijo: Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior , preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículo 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC-, Corresponde: I. REVOCAR la sentencia apelada de 226/231vta. y rechazar la demanda entablada, con costas de ambas instancias a cargo del actor (Arts.68 y 274 del CPCC). II. Declarar mal concedido el recurso de fs.237 respecto de Néstor Stechina. III. Diferir la regulación de honorarios de Alzada para su oportunidad (Arts.31 y 51 de la ley 8904). ASI LO VOTO.- Los Señores Jueces Dres. Guardiola y Castro Durán, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.- Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo que firman los Señores Jueces por ante mí: FDO. DRES. PATRICIO GUSTAVO ROSAS, JUAN JOSE GUARDIOLA Y RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, ANTE MÍ, DRA. MARIA V. ZUZA (Secretaria).- //NIN, (Bs. As.), 1 de Noviembre de 2011.- AUTOS Y VISTO: Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso –artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC-, se resuelve: I. REVOCAR la sentencia apelada de 226/231vta. y rechazar la demanda entablada, con costas de ambas instancias a cargo del actor (Arts.68 y 274 del CPCC). II. Declarar mal concedido el recurso de fs.237 respecto de Néstor Stechina. III. Diferir la regulación de honorarios de Alzada para su oportunidad (Arts.31 y 51 de la ley 8904). Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse al Juzgado de origen.- FDO. DRES. PATRICIO GUSTAVO ROSAS, JUAN JOSE GUARDIOLA Y RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, ANTE MÍ, DRA. MARIA V. ZUZA (Secretaria).-

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